La mayoría de los usuarios considera que no se hacen las suficientes labores de mantenimiento de las carreteras españolas. En concreto, un 83,2% piensa que las autovías y autopistas que no son de peaje no se conservan en buenas condiciones. Un 88,8% lo piensa de las carreteras nacionales y un 87,2% de las vías comarcales.

Esta es una de las conclusiones que se extraen de la encuesta nacional sobre el estado de las carreteras realizada por la Fundación FACUA y la Fundación Gestrafic, entre los meses de junio y septiembre de 2016.

La encuesta se ha realizado a 2.440 usuarios que han valorado el estado de las carreteras comarcales, nacionales y las autovías y autopistas sin peaje de toda España; por ser estas vías, las que no tienen coste, los trayectos accesibles a todo tipo de usuarios sin que por ello tengan que soportar una carga económica.

En los últimos años han aumentado los puntos negros en las vías españolas. A principios de 2016, la Dirección General de Tráfico contabilizó 1.313 tramos de concentración de accidentes, un 12,4% más que a finales de 2015. Más de 25.000 kilómetros de vías convencionales de los más de 166.000 kilómetros de carreteras en el país.

Un 77,5% de los usuarios que circulan normalmente por carreteras nacionales afirma que existen tramos de concentración de accidentes en las mismas. Un 74,3% los observa en las autovías y autopistas (no de peaje) que usan y un 70,8% en las vías comarcales.

Carreteras deficientes

El 93,9% de los usuarios encuestados manifiesta haber observado deficiencias o irregularidades en el estado de las carreteras comarcales que usa. Asimismo, la situación de las autovías o autopistas (no de peaje) y de las carreteras nacionales no mejora para los usuarios, que han visto en un 85,1% y un 90,4% respectivamente, irregularidades en las mismas.

La visión de los usuarios acerca de la frecuencia en los trabajos de reparación de los desperfectos en las vías de circulación es negativa. Los resultados reflejan que sólo un 8,4% de los encuestados ha visto a operarios reparar o hacer trabajos de conservación en las carreteras comarcales en el último año; un 10,9% los vio por última vez entre uno y dos años; un 19,2%, entre dos y cinco años; un 28,4%, más de cinco años; y un 33,1% no sabe o no contesta.

En las carreteras nacionales, un 10,4% de los usuarios hace menos de un año que vio por última vez hacer reparaciones en estas vías. Un 17,2% las observó por última vez hace entre uno y dos años; un 22,0% entre dos y cinco años; un 20,3%, hace más de cinco años; y un 30,1% no sabe o no contesta a la pregunta.

En el caso de las autovías o autopistas de no peaje, un 20,6% de los usuarios encuestados han visto reparaciones en estas vías. Un 18,5% las observó por última vez hace entre uno y dos años; un 21,6% entre dos y cinco años; un 14,3% hace más de cinco años y un 25,0% no sabe o no contesta a la pregunta.

Tiempo hasta que se realizan las reparaciones

Los usuarios encuestados que han estado atentos a las reparaciones realizadas en las vías manifiestan en un 45,2% que los trabajos para eliminar esos desperfectos en las autovías o autopistas no de peaje tardaron más de dos años en realizarse desde que vieron el deterioro hasta que se han iniciado los mismos. Un 26,6% alude a que tardaron entre uno y dos años, mientras que un 18,1% señala que nunca se han llevado a cabo reparaciones y sólo un 10,2% afirma que los trabajos se iniciaron en menos de un año.

En el caso de las carreteras nacionales, un 53,6% de los usuarios que vieron los desperfectos afirman que los trabajos para repararlos tardaron más de dos años en iniciarse. Un 22,9% vio que tardaron entre uno y dos años; un 5,2% señala que tardaron menos de un año, y un 18,4% no vio nunca realizarse reparaciones en estas vías.

En las carreteras comarcales, los usuarios que vieron los deterioros afirman en un 55,65 que tardaron más de dos años en iniciarse los trabajos de reparación. Un 16,3% señala que tardaron entre uno y dos años, un 4,6%, en menos de un año; y un 23,7% indica que no vieron realizarse nunca las reparaciones.

Carreteras comarcales, las peor valoradas según los usuarios

La encuesta realizada por la Fundación FACUA y la Fundación Gestrafic muestra que las carreteras comarcales son, según la valoración de los usuarios en puntuaciones del 1 al 10, las peores en señalización y pintura del asfalto. Estas vías suspenden con una media de 4,2 puntos en la señalización vertical; 3,2 puntos en las señales de suelo y 3,0 en la pintura del asfalto. Sólo aprueban con una media de 5,7 en las valoraciones del mantenimiento del pavimento.

Las carreteras nacionales son las que en general tienen mejores resultados en las valoraciones de los encuestados. Aprueban con un 7,2 de media en las señales verticales, con un 6,9 en las de suelo y con un 5,9 en la pintura del asfalto. Por el contrario, suspenden con una media del 4,8 en el mantenimiento del pavimento.

Las autovías y autopistas de no peaje suspenden en dos aspectos, con un 4,5 de media en el mantenimiento del pavimento y con un 4,5 en cuestión de señales de suelo. Las señales verticales aprueban con un 5,4 de media en las valoraciones de los usuarios, y la pintura del asfalto obtiene un 6,1.

Un buen mantenimiento de las vías evita accidentes

Tras los resultados obtenidos, la Fundación FACUA y la Fundación Gestrafic subrayan su descontento ante la situación de las vías de circulación en toda España y la importancia de una buena gestión de los recursos y las partidas presupuestarias por parte de las administraciones para el mantenimiento adecuado de las carreteras. Un pavimento adecuado y una señalización correcta favorecen la disminución de accidentes y averías de los vehículos, garantizando un poco más la seguridad de los usuarios, recuerdan ambas fundaciones.

Por otra parte, la Fundación FACUA y la Fundación Gestrafic señalan que aunque en principio el sistema de peajes para la gestión de carreteras resulta legalmente válido, ello constituye un sistema discriminatorio. Por ello, lamentan que existan determinadas vías de comunicación que no resulten accesibles para todos los ciudadanos, sino únicamente para aquellos cuya capacidad económica les permita su uso, lo que evita que todos puedan usarlas en igualdad de condiciones.