El movimiento de consumidores latinoamericano y caribeño presenta una gran variedad de formas organizativas, entre las que se encuentran tipologías que pueden ser consideradas como características de la región y que funcionan como comités, foros, fundaciones, observatorios, etc., junto con otras que pueden tener características organizativas más parecidas a las existentes en España y Europa.

Aunque como rasgo común de la mayoría de ellas, con sólo algunas excepciones, nos encontramos con organizaciones que fundamentalmente funcionan en base a un grupo dirigente de activistas y de profesionales, que no promocionan el asociacionismo o la afiliación de los consumidores y usuarios de sus respectivos países y por ello no cuentan con una base social que les permita la sustentabilidad social y económica. No obstante, todas ellas desarrollan bastantes actividades en defensa de los derechos de los consumidores, aunque con niveles de desarrollo y capacidad de actuación muy diversos, que pueden estar en consonancia en algunos casos con los muy diferentes grados de desarrollo económico y social de cada país.

De manera general, podemos apreciar que jurídicamente, el movimiento organizado de los consumidores de la América Latina se constituye en forma de organizaciones sin ánimo de lucro, con criterios democráticos y progresistas.

Bajos niveles en el número de asociados y niveles altos de actividad

Tal como he indicado en la introducción, nuestra visión nos hace pensar que con carácter general y con la excepción posiblemente de algunas organizaciones de Brasil y tal vez de algún otro país, el conjunto del movimiento latinoamericano y caribeño de consumidores presenta un bajo nivel de asociados. Ello, unido al hecho de que los gobiernos de los diferentes países de la región no suelen dedicar partidas económicas anuales de los presupuestos de cada Estado a financiar o a subvencionar a las organizaciones de consumidores, como sí ocurre en España o Europa, nos sitúa, por tanto, ante organizaciones poco sostenibles económicamente, que mayoritariamente necesitan ayudas de la cooperación internacional para poder funcionar y desarrollar sus proyectos.

Esta afirmación hace evidente, a nuestro modo de ver, la dependencia de las ayudas económicas procedentes de la cooperación internacional para que dichas organizaciones, salvo algunas excepciones, puedan funcionar con niveles satisfactorios de actividad.

A pesar de esta debilidad, una buena parte de las organizaciones de consumidores latinoamericanas presta una gran atención a la realización de actividades formativas e informativas, a través de talleres y conferencias en los centros escolares, junto a la edición de boletines digitales y la promoción de campañas de concienciación ciudadana, las cuales son, de hecho, una de sus actividades públicas más frecuentes. A éstas también se suman las actividades formativas que desarrollan entre la población adulta y la presentación de denuncias contra los abusos que sufren los consumidores.

La elaboración de noticias en medios digitales es también una práctica común de funcionamiento y de actividad en la mayoría de las organizaciones, así como un vehículo para canalizar información hacia los medios de comunicación convencionales, cuando es posible. Es decir, cuando la presencia de Internet es lo suficientemente significativa, aunque los niveles de penetración en las redes sociales entre unos y otros países son muy diferentes.

En muchos casos, las emisoras de radio se han convertido en el instrumento de trabajo fundamental para contactar con aquellas poblaciones más aisladas. También deben destacarse las actividades que realizan algunas organizaciones relacionados con los análisis o pruebas comparativas de productos y servicios, entre las que podríamos citar a organizaciones de Brasil, Perú, Ecuador y Chile.

La atención a las reclamaciones y denuncias de los consumidores

De forma general, aunque con diferencias en los procedimientos que se utilizan por cada una de las organizaciones de consumidores, se puede afirmar que, con algunas excepciones, existen actividades para atender las reclamaciones o denuncias de los usuarios, sin bien no se delimitan ni diferencian las actividades que se ofrecen a los asociados y a los consumidores en general.

Esta atención a las reclamaciones de los consumidores se realiza en un buen número de organizaciones de manera gratuita, aunque en algunas de ellas han ido entendiendo que es necesario hacer participar a los ciudadanos en la financiación de las organizaciones y proceden a cobrar aportaciones económicas por la prestación de dichos servicios. En paralelo, hay bastantes organizaciones que son muy activas en su presencia en los medios de comunicación para denunciar los abusos que sufren los consumidores.