El presidente de la Fundación FACUA y fundador de FACUA junto con otros nueve socios de la organización en Sevilla, recibieron el pasado viernes 4 de abril un reconocimiento del Gobierno por su lucha por las libertades y la democracia durante el franquismo.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, entrega declaraciones de reconocimiento y reparación a un total de 25 hombres y mujeres que fueron torturados y encarcelados en la dictadura, condenados entre 1964 y 1975 por el entonces denominado Tribunal de Orden Público (TOP).

El acto tuvo lugar en la Delegación del Gobierno en Sevilla y estuvo organizado en colaboración con la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, que preside el histórico dirigente de FACUA Sevilla Antonio Naranjo Torres.

Una decena de ellos son socios de FACUA. Su fundador y presidente hasta 2020 y actual presidente de la Fundación FACUA Paco Sánchez Legrán, Antonio Baglietto Gómez, Antonio Iglesias Rodríguez, Antonio Naranjo Torres, Antonio Zoido Naranjo, Florentino Moreno Avellaneda, Francisco Velasco Sánchez, José Luis Márquez Ojeda, José María Ruiz García y Sebastián Gamero Flores.

Los otros quince homenajeados son Antonio Benítez Berraquero, Antonio Calzado Hurtado, Antonio Galván Rojas, Antonio Gallego Fernández, Bernardino Caro López, Fernando González Tortolero, Francisco Rodríguez Martín, Francisco Velázquez López, José Menor García, José Pulido Segura, José María Romero Calero, Mari Paz Sánchez González, Pilar Aguilar Carrasco, Rafael Luque Ramírez y Salvador Galán Sarria.

Se trata de uno de los actos de reparación y reconocimiento que está organizando el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática con la colaboración de asociaciones memorialistas.

El TOP

Popularmente conocido por su acrónimo de TOP, el Tribunal de Orden Público instruyó, entre 1963 y 1977, las conductas consideradas por entonces como delitos políticos. Con sede en Madrid y compuesto por un presidente, dos magistrados, un fiscal y un secretario, fue creado por la Ley 154/63 de 2 de diciembre de 1963. Según establecía dicha ley, tenía competencia «privativa para conocer de los delitos cometidos en todo el territorio nacional, singularizados por la tendencia en mayor o menor gravedad a subvertir los principios básicos del Estado, perturbar el orden público o sembrar la zozobra en la conciencia nacional».

Fue un órgano que se ocupó de reprimir, principalmente, los delitos contra la seguridad interior del Estado (delitos contra el jefe del Estado, las Cortes, la forma de Gobierno, la ley de prensa, asociaciones ilícitas, propagandas ilegales, manifestaciones no pacíficas, desórdenes públicos, sedición, tenencia de armas, etc) y que actuó como Tribunal de Urgencia en los «estados de excepción».

La mayor parte de las personas juzgadas, opositores al régimen, fueron obreros y estudiantes, sin olvidar a los artistas, profesores, arquitectos, médicos y hasta un notario y un juez municipal. Una de las características de su enjuiciamiento fue el juzgar en rebeldía, sin la presencia del acusado, norma procesal fuertemente criticada por los juristas y que incluso originó tensos debates en su aprobación. Igualmente, se abusaba de la prisión provisional, que con alguna frecuencia volvía a aplicarse si encontrándose el condenado en rebeldía recurría en casación. Sustituyó al Tribunal Especial para la represión de la Masonería y el Comunismo de marzo de 1940 y a la Jurisdicción Militar, donde actuaba el Juzgado Especial Militar.

El TOP tramitó 22.660 expedientes y dictó 3.798 sentencias, de las cuales solo 959 fueron absolutorias. Por Real Decreto-Ley de 4 de enero de 1977 se acabaron las actuaciones del Tribunal de Orden Público. Al mismo tiempo de su desaparición fue creada la Audiencia Nacional, a la que se traspasaron las competencias sobre asuntos de terrorismo de dicho Tribunal.

Por el Tribunal de Orden Público pasaron los obreros sindicalistas de CCOO en el conocido como «proceso 1001», como Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Miguel Ángel Zamora Antón, Pedro Santiesteban, Eduardo Saborido, Francisco García Salve, Luis Fernández, Francisco Acosta, Juan Muñiz Zapico, Fernando Soto Martín o Timoteo Buendía (el primer condenado del TOP).