La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Desarrollo Sostenible en el marco de colaboración que mantiene con el Centro de Estudios de Administración Pública de la Universidad de La Habana, ha formado parte del Webinar Protección al consumidor. Estudios comparados de técnicas y tendencias actuales.
Las ponencias han estado a cargo del doctor Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de FACUA-Consumidores en Acción y secretario de la Fundación FACUA, y de la doctora Maidolis Labañino, profesora titular del Centro de Estudios de la Administración Pública y Universidad de la Habana.
Serrano ha realizado una breve ponencia sobre la influencia comunitaria en el Derecho de Consumo español y la necesidad de proteger los intereses de los consumidores ante la voracidad del mercado, y, especialmente, con aquellos que se encuentran en algún estado de vulnerabilidad.
El ponente ha subrayado cómo el Derecho de Consumo ha sido uno de los aspectos en los que tradicionalmente la Unión Europea ha intentado hacer un mayor ejercicio de armonización en las normativas de los diferentes Estados miembros, siendo dos mecanismos los que principalmente ésta emplea para armonizar los ordenamientos internos de los Estados miembros: los reglamentos y las directivas.
Avances y desafíos pendientes
Aunque ha reconocido que se ha producido un significativo avance en materia de Derecho de Consumo, Serrano ha señalado que queda mucho camino por recorrer, siendo esencial que desde las asociaciones de consumidores se continúe ejerciendo una labor de presión para que las autoridades ejerzan una labor fiscalizadora y de control del mercado que garantice que el consumidor se encuentre en una posición de igualdad respecto al empresario con el que interactúa.
De su parte, Labañino ha tomado como punto de partida de su intervención la desproporción que consideran que existen en la relación entre consumidor y empresario.
En Cuba, a falta de la aprobación de una Ley del Consumidor, atendiendo a las circunstancias económica que sostiene el país, se aplica supletoriamente el Código Civil, vigente desde finales de los años 80, en materia de Consumo; así como diferentes normas de actuación para velar por los derechos de los consumidores. Labañino ha señalado el desafío de hacer más eficaz de la protección de los consumidores ante abusos y situaciones de desigualdad para mejorar la sociedad.
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