La Fundación FACUA y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla han celebrado este lunes 18 de octubre el seminario formativo Servicios eléctricos y consumidores. Se trata del quinto seminario formativo que se realiza dentro de la Cátedra de Derecho de Consumo creada por ambas entidades en noviembre de 2018.
Los ponentes de esta jornada celebrada de manera online a través de videoconferencia han sido Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, y Miguel Ángel Serrano, vicepresidente y miembro del departamento jurídico de FACUA. El acto ha contado con un total de 52 estudiantes, entre alumnos del 4º curso del Grado en Derecho y del 5º curso del Doble grado en Derecho y RRLL y RRHH.
La sesión ha estado moderada por Amanda Kalil, profesora de la asignatura de Derecho de los Consumidores y Usuarios de la UPO, y Almudena Álvarez, responsable técnica de la Escuela de Formación y directiva de FACUA.
Sánchez desarrolló en su ponencia temas como los fraudes eléctricos desde principios de los años 80, los diferentes cambios tarifarios y las empresas eléctricas según los distintos gobiernos, los impuestos y peajes de la electricidad, así como el Tarifazo Eléctrico del 2021, la especulación en la subasta eléctrica y las acciones reivindicativas de FACUA ante el Gobierno.
Por su parte, el vicepresidente de FACUA abordó temas de ámbito jurídico-técnico, como las vías de reclamación que tienen los consumidores ante la problemática del sector eléctrico, cuáles son las principales reclamaciones que realizan los usuarios en FACUA y las demandas de la organización a comercializadoras y distribuidoras.
La Cátedra de Derecho de Consumo de la Fundación FACUA y la UPO está dirigida por un profesor de dicha universidad sevillana y un consejo compuesto por Francisco Oliva y Francisco José Infante, miembros del Área de Derecho Civil de la universidad, así como por Miguel Ángel Serrano y Almudena Álvarez, de la Fundación FACUA.
Entre los objetivos de la Cátedra están la realización de actividades formativas y de investigación, proponer la implementación de títulos propios universitarios, la participación en foros sobre protección y derechos de los consumidores y la colaboración en la elaboración y desarrollo de planes, programas y proyectos con especial repercusión en consumidores y usuarios, entre otros.
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